Tema del Mes

ABRIL 2014

Sobre las drogas ilícitas: una mirada alternativa

12 / 04 / 2014 - Por Juan Gabriel Tokatlian

La tradicional guerra contra las drogas, centrada en la erradicación de la oferta de sustancias ilícitas, se ha mostrado ineficiente frente a una estructura de agentes fácilmente reemplazables y ha ocasionado enormes costos económicos e institucionales. Una nueva perspectiva, no punitiva, sino enmarcada en el desarrollo y en la vida de las personas, abre un horizonte complejo pero más promisorio para América Latina.

El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) ha venido subrayando la importancia de concebir el desarrollo “centrado en las personas”. Esto implica comprender y validar el desarrollo humano de tal manera que se incrementen las “opciones de las personas para que puedan llevar vidas valiosas”. En breve, “el bienestar y la calidad de vida de las personas” debieran ser el núcleo a partir del cual se pueda afirmar que una determinada política o conjunto de políticas resulta exitosa (1).  Con ese telón de fondo, ¿cómo pensar una estrategia en torno a las drogas que se corresponda con una concepción del “desarrollo centrado en las personas”?
El reconocimiento, la aceptación y el manejo del vínculo entre drogas psicoactivas ilegales y desarrollo afincado en los ciudadanos en América Latina conduce a explicitar, necesariamente, la existencia de un conjunto de dilemas que los forjadores de política y los decisores gubernamentales enfrentan; dilemas que, a esta altura, no admiten la negación sino la adopción de cursos de acción concretos que resultarán validados o impugnados por las diversas sociedades del área.

Lo dicho, entonces, remite a comprender lo siguiente:

1. El modelo vigente para superar el fenómeno de las drogas se asienta, básicamente, en la idea de la abstinencia frente a las drogas ilícitas y así crear una sociedad libre de ellas. Ello implica, por lo tanto, eliminar el cultivo, la producción, el procesamiento, el tráfico, la distribución, la comercialización, la financiación, la venta y el uso de determinadas sustancias psicoactivas declaradas ilegales. Bajo este paradigma el acento se localiza en el objeto—la sustancia psicoactiva—y no en el sujeto—la persona humana. Ausente el principio del desarrollo centrado en las personas, el énfasis de la política actual se orienta a castigar y persiguir selectivamente a determinados participantes (directos e indirectos) y a ciertas fases de dicho fenómeno. Esto significa que, paralelamente, hay una tolerancia relativa hacia las prácticas de algunos actores en algunas coyunturas y de acuerdo a criterios bastante opacos. En general, los más directamente afectados con las prácticas coercitivas y persecutorias son los campesinos y trabajadores temporales vinculados al cultivo de plantíos y el levantamiento de las cosechas; los indígenas y pobres rurales que deben sufrir los efectos de políticas de erradicación forzada (y ocasionalmente química) de plantaciones y las tareas de interdicción; las “mulas” cargadas con drogas para ser trasladados a los polos de demanda; los habitantes de barrios humildes que son el escenario de pugnas territoriales violentas en la que participan traficantes adiestrados, cuerpos de seguridad corruptos, políticos deshonestos y organizaciones criminales; los sectores populares estigmatizados por habitar en “ollas” de expendio de drogas; los grupos más débiles que carecen de capacidad de presión política para que su “visión” del “problema” de las drogas sea tenido en cuenta; los jóvenes que son víctimas y victimarios de luchas intra-mafias; los consumidores ocasionales que son perseguidos como si fueran terroristas en potencia; las familias perjudicadas por la imposibilidad de que un miembro que resultase adicto pueda recibir algún tipo de asistencia médica; y tantos otros que constituyen el eslabón débil de una extensa cadena que culmina en un negocio enormemente lucrativo para unos pocos. Los grupos humanos vulnerables que son severamente hostigados y penados terminan muertos, en las cárceles, sin acceso a la salud y carentes de oportunidades alternativas de una vida digna. En genreal, los que obtienen beneficios jugosos de un emporio ilegal gozan de sus lujos e inversiones intocadas a pesar de la parafernalia de normas y restricciones de diverso tipo; de su fama social entre clases pudientes que suelen darle la bienvenida a los “nuevos ricos”; de su inserción económica y política en los intersticios entre la ilegalidad y la legitimidad y ante un Estado (local, provincial, departamental y/o federal) parcialmente inmovilizado por la colusión de intereses entre algunos funcionarios y las organizaciones criminales; de su poder de cooptación y corrupción nacional e internacional; y de las garantías de defensa personal que se proveen a través del mercado desregulado de armas ligeras y el avance de los compañías privadas de seguridad. Este modelo dual, en el que las consideraciones sobre el desarrollo son notablemnte secundarias, ha servido para ampliar las brechas sociales, las inequidades económicas, las diferencias políticas y las asimetrías internacionales.

2. La ausencia del desarrollo ciudadano-céntrico en la política anti-drogas actual es, en parte, la consecuencia de un régimen internacional en torno al tema de las drogas que no contempló ese principio. Este régimen tiene su origen hace un siglo (en 1912 se firmó la Convención Internacional contra el Opio). Cabe destacar que en aquella coyuntura el número de países que moldearon los compromisos iniciales fue escaso, una buena parte de ellos no constituían democracias, los niveles de globalización resultaban bajos, y los flujos de contacto entre sociedades y los grados de interdependencia entre las naciones eran limitados. En breve, aquel contexto en que nace formalmente el régimen anti-drogas tiene muy poco que ver con las condiciones actuales en el sistema mundial. Más allá de los discursos que invocan el diálogo y los compromisos de las partes, los incentivos negativos y positivos para resolver el problema de las drogas, el intento de diseñar medidas más equilibradas frente a la oferta y la demanda, y la importancia asignada a la configuración de políticas integrales, las prácticas efectivas y específicas de los estados muestran que el régimen internacional en torno a las drogas no ha cambiado en el siglo que ha transcurrido desde su configuración inicial. En gran medida, este régimen tan rígido atraviesa una coyuntura crítica pues está en vilo tanto su credibilidad como su legitimidad. La erosión de la legitimidad resulta porque las naciones que se espera observen las “reglas de juego” no las aceptan e intentan evitar o burlar las prescripciones y obligaciones establecidas. La pérdida de credibilidad es la consecuencia de que las estrategias y tácticas no son percibidas, luego de reiterados intentos, como eficaces para alcanzar las metas propuestas. La comprensión y el acogimiento del vínculo entre drogas y desarrollo pueden aportar a una readecuación del régimen presente.

3. La incorporación del principio del desarrollo centrado en las personas puede contribuir a hacer caducas las miradas dicotómicas sobre el fenómeno de las drogas que han estado arraigadas a pesar de ser equívocas. En efecto, las perspectivas más usuales hacen referencia a la existencia categórica de “países productores” y “países consumidores”, a la identificación del origen de la problemática en los “polos de oferta” o los “centros de demanda” según el caso, y a la presunta existencia de “buenos” y “malos” de acuerdo al compromiso efectivo y adecuado en la lucha anti-narcóticos. Esa separación dicotómica sólo reforzó equívocos y estereotipos en el continente. Para una buena parte de Washington, la mayoría de los gobiernos de Latinoamérica son inmaduros, incapaces e inconstantes en su combate contra el negocio de las drogas y, por lo tanto, se los estigmatiza con denominaciones como “narcocracias”, “narco-estados” o “narco-democracias”. Para una buena parte de los latinoamericanos, Estados Unidos recurre a un doble estándar, no asume domésticamente las políticas draconianas que le exigen a los países de la región y despliega una suerte de  “narco-imperialismo” moral en torno al fenómeno de las drogas. En ese contexto, la noción de la co-responsabilidad—estimulada hace varios lustros por Colombia y México--contribuyó a despolarizar, parcialmente, la polémica inter-estatal en cuanto a la lucha anti-narcóticos, facilitó el logro de algunos ajustes en las políticas públicas contra las drogas, y permitió un debate más amplio entre los actores sociales localizados en los diferentes países afectados por el problema de las sustancias psicoactivas ilícitas. Ahora bien, ese principio cada vez más consensuado no aportó a la solución de las graves dificultades generadas por las drogas. En realidad, la co-responsabilidad contribuyó a “normalizar” un estilo de lucha anti-drogas que fue incorporando algunas pocas “zanahorias” al arsenal de “garrotes” tradicionalmente implementados. Por ello, se hace necesario trascender el concepto de co-responsabilidad y contemplar un nuevo principio orientador—el desarrollo centrado en los individuos—para hacer frente al fenómeno de las drogas.

4. La cuestión del crimen organizado ha pasado a ocupar un lugar más destacado en la agenda inter-americana y latinoamericana. Si el “efecto globo” caracteriza el movimiento y adaptación territorial de cultivos ilícitos en diversos países, en materia de crimen organizado ya se puede hablar de un globo dirigible mayor y letal: una suerte de “efecto zeppelín” que expresa la expansión, flexibilidad y readecuación del crimen organizado a lo largo y ancho de América. Ahora bien, en Estados Unidos se entrelaza la percepción de amenaza del crimen organizado con la cuestión del terrorismo de alcance global y el potencial de que los “estados fallidos” sirvan de santuario para ambos o para el nexo entre los dos; lo cual implica que aquella amenaza sea generalmente concebida como un problema de seguridad. En América Latina la mirada sobre el ascenso del crimen organizado se vincula más con la vulnerabilidad externa y la institucionalidad interna; esto es, se trataría de un problema de gobernabilidad. En efecto, el avance del crimen organizado socava la democracia, debilita el Estado de derecho, facilita la corrupción, aumenta la injusticia social, produce costos directos e indirectos sobre la economía, exacerba una subcultura que premia la ilegalidad, degrada el sistema político, afecta la soberanía nacional y reduce la autonomía estatal en el frente internacional. Esta discordancia de perspectivas puede tener, sin embargo, consecuencias negativas para todos. Una vía de evitar un costo colectivo mayor e impredecible es separando el fenómeno de las drogas del desafío creciente que significa el crimen organizado y ligando lo primero—las drogas—al principio del desarrollo. 

5. La literatura sobre las drogas tiene algunas particularidades. Una de ellas se refiere al tema de las consecuencias. Por definición se asume que toda política punitiva genera efectos indeseados. Los defensores del modelo anti-drogas vigente han afirmado que la aplicación de ciertas medidas conlleva a imponderables y acarrea costos inesperados. Por lo general, se entiende que los tomadores de decisión no diseñan o aplican políticas deliberadamente nocivas o que implementan sus acciones con una intencionalidad negativa prefigurada. Así entonces, se habla—en clave anglosajona-- de side effects, collateral damage, unintended results, etc. Es pertinente entonces preguntarse si después de tanto tiempo de implementación de las mismas políticas con los mismos resultados magros y los mismos efectos desafortunados no es hora de replantear la cuestión de las consecuencias imprevistas. Esto es, que los que adoptan decisiones ya han incorporado en sus determinaciones el reconocimiento de derivaciones indeseables y, aún así, insisten en tomarlas. No se trata ya de un asunto de ineficacia o impericia impensada sino de convencimiento político: no existe ninguna conspiración premeditada sino una habituación de que los daños son inevitables, que hay que operar con ellos y transferirlos a los espacios “de origen” del problema. En esencia, la racionalidad prevaleciente entiende que hay efectos indeseados y alcances indeliberados y, por lo tanto, ya los incorpora en su enfoque y su práctica. Prevalece la decisión política interna—sea ésta burocrática, electoral o ideológica--de continuar el curso de acción. Si se conciben paliativos es, primordialmente, para hacer más eficaz la acción coercitiva y, secundariamente, contener el fuerte rechazo social que producen varias políticas. Por ello, sólo un fracaso estrepitoso de la actual estrategia, un costo presupuestal astronómico para sostenerla o la configuración de una coalición con suficiente poder para impugnarla podría alterar la continuidad de las políticas puestas en práctica. Quizás estemos en presencia de esas tres dinámicas: la política anti-drogas está en bancarrota en muchas latitudes, los costos materiales de mantener la estrategia vigente se tornan disfuncionales en momentos de graves crisis económico-financieras que exigen presupuestos más realistas y balanceados, y se amplían las voces en el continente (y en otros) contra un modelo fallido. En ese contexto, ubicar en el corazón de la controversia el nexo drogas-desarrollo puede permitir un replanteamiento de la noción de las consecuencias de las políticas anti-drogas pues necesariamente se deberá contemplar el efecto concreto y favorable de aquellas sobre el desarrollo centrado en los ciudadanos.   

6. Un buen número de tácticas anti-drogas ya ejecutadas por décadas han desconocido, tácita o expresamente, la importancia del desarrollo y la necesidad de relacionarlo positivamente a la superación del fenómeno de las drogas. Ello ha sido evidente, entre otros, en los casos de a) la erradicación de los cultivos ilícitos; b) el desmantelamiento de los grupos narcotraficantes; c) la militarización de la lucha antidrogas; y d) la aplicación de la extradición. Así, por ejemplo, los avances derivados de la destrucción de cultivos han sido, comúnmente, negativos, nocivos y paradójicos. Han sido negativos porque no se ha afectado el poder de los traficantes ni se han mejorado las condiciones sociales, económicas y ambientales en las áreas en que se aplica. Han sido nocivos porque han creado un ciclo vicioso: una conjunción de factores—apertura de bosques para establecer cultivos ilícitos; exigencia de erradicación forzada de plantaciones; uso de técnicas de aspersión área y/o manual con químicos; deterioro del medio ambiente por acción de los barones de las drogas y por las respuestas estatales poco sensibles a las condiciones ambientales; desarticulación de la economía campesina de sustentación; persecución violenta de pobres rurales (campesinos e indígenas); ausencia de cultivos alternativos realizables en el mercado de manera segura y perdurable; presencia esporádica y usualmente represiva del Estado; traslado de plantíos ilícitos a otras zonas; y reinicio del proceso—ha culminado en una situación perversa en la que se refuerzan los incentivos para continuar con las plantaciones ilícitas. Y han sido paradójicos porque en algunos casos han llevado a una mayor movilización y al fortalecimiento político y social de grupos internos tradicionalmente menos recursivos y poderosos y en otras ha facilitado el crecimiento de grupos armados. Por ejemplo, el movimiento cocalero en Bolivia se fue organizando de manera activa desde los ochenta a partir de su rechazo a la erradicación forzada de cultivos ilícitos. En el caso de Colombia, esa táctica facilitó en su momento un fortalecimiento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), tanto como protectores de sectores marginales como facilitadores de la apertura de nuevos espacios para siembra. A su vez, el desmantelamiento de los grupos narcotraficantes se constituyó en un pilar clave de las políticas públicas latinoamericanas. El mayor énfasis en la persecución de las cabezas visibles del narcotráfico se implementó de modo decisivo en varios países. Ello se basó en el encarcelamiento y la muerte de los grandes barones, así la realización de juicios internos y el envío al exterior según solicitud de los gobiernos. Los múltiples efectos de esta política en términos de violencia y corrupción han sido detallados en la bibliografía especializada. El intento de desarticulación del narcotráfico ha exacerbado ambos fenómenos ya existentes: las drogas, per se y por lo general, no crean la conflictividad socio-política y la corrosión institucional sino que las amplían, degradan y perpetúan. Asimismo, desde el punto de vista organizacional del negocio los resultados del desmantelamiento del narcotráfico han sido mediocres. La confluencia de factores tales como el incremento de los contactos criminales transnacionales; el alto nivel de consumo de sustancias psicoactivas en Estados Unidos (con niveles estables de uso), Europa (el mercado que más ha crecido) y Latinoamérica (hoy tercer consumidor del mundo); el deterioro social y la debilidad estatal han llevado a que, por ejemplo, Centroamérica y el Caribe sean territorio fértil para la expansión del narcotráfico. Adicionalmente, la militarización del combate contra las drogas se convirtió, salvo contadas excepciones (por ejemplo, Argentina), en una política habitual en Latinoamérica. Sin embargo, los resultados de dicha militarización fueron desafortunados en el terreno institucional, así como improductivos en la perspectiva del combate contra los narcóticos. El efecto de la participación militar en las acciones anti-drogas incidió negativamente sobre las relaciones cívico-militares, el estado de los derechos humanos y los grados de corrupción. El papel directo y prominente de las fuerzas armadas en tareas de erradicación, interdicción, persecución y desmantelamiento no significó un avance promisorio en la dirección de eliminar el fenómeno de las drogas. Cada cierto tiempo, según el país de turno y en determinadas coyunturas se anuncian triunfos trascendentales gracias al despliegue represivo militar: al cabo de algunos años, comparando las situaciones históricas y las existentes y ante la multiplicación de frentes de combate anti-narcóticos se aprecia que apenas se trataba de triunfos pírricos. En ese proceso, y en varios países, las fuerzas armadas como corporación, se han vuelto adictas a la “guerra contra las drogas”: se nutren de recursos internos y externos; ganan influencia doméstica; y reciben el consentimiento de Estados Unidos. Finalmente, la extradición de nacionales ha sido un componente central de la política pública anti-narcóticos en varios países y en distintos momentos. Con esta práctica se esperaba que los sistemas judiciales debilitados, entre otros, por el auge del narcotráfico tuvieran una menor carga y pudieran fortalecerse; que la colaboración jurídica redundara en la posibilidad de ganar en efectividad respecto a la desarticulación del fenómeno de las drogas; que los aparatos de justicia pudieran abocarse a dar respuesta a delitos más graves; y que la amenaza y el uso de este instrumento sirviera como disuasivo para que ingresaran menos personas al negocio. Ahora bien, la aplicación de la extradición tuvo resultados ambiguos. Sin duda, los países que la implementan activamente han mejorado de modo sustancial sus vínculos con Estados Unidos. No obstante, los efectos específicos en la lucha contra las drogas han sido insustanciales: los narcotraficantes no se han disuadido (siempre hay alguien que reemplaza al extraditado, al encarcelado o al eliminado); la justicia no ha incrementado su eficacia (salvo simbólicamente); y el impacto sobre el desmantelamiento del negocio (en especial de sus manifestaciones más violentas) ha sido insignificante. En breve, una serie de políticas anti-drogas esencialmente punitivas y en los que la dimensión del desarrollo ha sido ignorada o ensombrecida ha mostrado, una y otra vez, los límites del actual modelo para desterrar el fenómeno de las drogas.

7. Existen dos asuntos novedosos que permiten ser optimistas respecto a la validación conceptual y política del vínculo entre desarrollo centrado en las personas y las drogas ilícitas. Por un lado, la crisis financiera y económica global se ha reflejado en una revalorización política del Estado y de su rol regulador: es cada vez más admisible tener un Estado que supervise más e intervenga mejor en un mercado que produce consecuencias devastadoras cuando opera sin control alguno. El reconocimiento del papel central del Estado y de su capacidad de intervención para controlar, moderar y garantizar un orden básico es revelador: no parece haber espacio para más desregulación. Por el contrario, se imponen más y mejores regulaciones en distintos ámbitos de la economía junto a un fortalecimiento institucional de los gobiernos. Uno de esos ámbitos es el de una mejor fiscalización de la banca offshore y los tax havens internacionales, así como una mayor transparencia en materia de secreto bancario y más control sobre la fuga de capitales. Por otro lado, la situación global y continental en materia de drogas—ya sea su empeoramiento de acuerdo a algunos indicadores o, al menos, de falta de avances promisorios según los análisis menos pesimistas—ha venido alentando la necesidad de una nueva reflexión y una mejor práctica en este frente. Así, una particular combinación de urgencia, oportunidad y necesidad parece sugerir la relevancia de generar una amplia coalición de actores estatales y no estatales abiertos a explorar miradas y medidas alternativas, siempre sometidas a evaluación. Se trata, en resumen, de estimular una experimentación exigente; una experimentación que sea analizada con rigor y resulte más benéfica que la inmutable estrategia actual.

Todo lo anterior, a su turno, remite a contemplar lo siguiente:

I. Habrá que elegir entre retocar o reformar el enfoque vigente hacia las sustancias psicoactivas declaradas ilegales. Esto no significa que ciertas políticas no deban continuar, pero sí que se reconozca que para obtener metas sostenibles de largo plazo es necesario modificar notoriamente varias políticas actuales: fundamentalmente el énfasis de las políticas públicas en torno a las drogas—y aún más allá de ellas—no debe localizarse en la sustancia propiamente dicha sino que debe colocarse en la ciudadanía, su bienestar, cohesión y convivencia en el marco de sistemas genuinamente democráticos. Este cambio, que como todo cambio exige ajustes, puede ser poco atractivo desde el punto de vista político, electoral y/o coyuntural, pero los tomadores de decisión deben enfrentar este dilema más temprano que tarde.

II. Cada vez resulta más insostenible el desbalance implícito en la presente estrategia anti-drogas. Más recursos para combatir la oferta; mayores presupuestos para las agencias federales y sub-nacionales encargadas del componente punitivo de aquella; poca integralidad en las políticas desplegadas; escasa coordinación inter-institucional; y baja cooperación inter-estatal solo van a provocar más frustración y fatiga ante el fenómeno de las drogas. Se requiere, con urgencia y en todo el continente, fondos para reducir la demanda; más inversión en los ministerios y oficinas orientados a la prevención; una política comprensiva en la materia; mejor gestión coordinada en el plano burocrático; y nuevas modalidades de colaboración entre los estados. El dilema acá es perpetuar o innovar; algo que en esencia comprobará ante las sociedades de América Latina la voluntad de resistir o facilitar el cambio en relación a las drogas. 

III. Es posible seguir concibiendo que las políticas anti-drogas enfocadas a la sustancia misma son suficientes para, eventualmente, lograr resultados más promisorios en la lucha contra las drogas. O, por el contrario, se asume que algunas buenas prácticas concretas y corroboradas en el frente contra los narcóticos pueden ser complementadas por una serie de políticas que, a primera vista, no son específicamente dirigidas al combate contra las drogas. En ese sentido, la mejor política anti-drogas es tanto una sensible política contra las drogas como una buena política pública en materia de educación, salud, empleo, juventud, derechos humanos, justicia, entre otras. El problema de las drogas es un síntoma de algo mucho más hondo y su eventual superación requiere afrontar las dificultades y retos estructurales que lo nutren y multiplican. De lo contrario, se tenderá a reforzar la idea de que se necesita un arsenal de medidas, la mayoría coercitivas y algunas compensatorias, para afrontar los desafíos producidos por el fenómeno de las drogas. En consecuencia, hay aquí otro dilema: o se mantienen políticas cuyo foco principal y casi excluyente son las drogas o se combinan, políticas puntuales con políticas universales dirigidas a las personas y sus necesidades prioritarias y elementales.

IV. Las respuestas simples a cuestiones intrincadas como la de las drogas ha reforzado el despliegue de políticas de fuerza que, aunque en ocasiones logran determinados resultados simbólicos en el corto plazo, no resultan sostenibles en el corto plazo. Tanto el Estado como la sociedad pueden creer que habrá algún día una “bala mágica” que resuelva el fenómeno de las drogas. Sin embargo, ello no es realista. La alternativa—la búsqueda de respuestas difíciles a asuntos complejos—no es particularmente encantadora, pero es imprescindible si se aspira a contener, y eventualmente revertir, las manifestaciones más deletéreas de dicho fenómeno. El liderazgo político de América Latina tiene otro gran dilema: especular y actuar con un calendario electoral a mano a la hora de diseñar políticas anti-drogas o pensar y proceder con una mirada estratégica.

V. En toda América Latina—y por distintas razones y en diferentes grados--falta estatalidad y las instituciones afrontan retos inmensos, superiores en muchos casos, a sus capacidades, al tiempo que se encuentran seriamente cuestionadas. Por ejemplo, en partes de Kingston, Tegucigalpa, Lima y Asunción falta Estado; la fragilidad de las estructuras de gobernabilidad es patente en buena parte de América Latina mientras que el cuestionamiento de la opinión pública de varias instituciones es alarmante tanto en el norte como en el sur de la región. En ese contexto, el fenómeno de las drogas genera un dilema adicional consistente en el hecho de que su mal manejo puede ahondar más la vulnerabilidad estatal y el desgaste institucional, mientras su buen manejo no necesariamente produce réditos inmediatos. En este caso, el dilema también es elocuente: o se mantienen políticas anti-drogas de baja efectividad (lo cual tiene efectos sobre la estatalidad y la institucionalidad aunque inicialmente no sean tan costosos) o se implementan políticas que aspiren a mayores niveles de efectividad (con el potencial beneficio de fortalecer el Estado y las instituciones).

VI. Pareciera asomar un nuevo imaginario sobre el fenómeno de las drogas que tiene como razón de ser un malestar extendido acerca de las formas que se han utilizado para su superación. Esto ha alentado más voces y manifestaciones grupales heterodoxas que propician un debate novedoso, realista y ponderado sobre el tema en cuestión. Como consecuencia de ello es posible observar una mejor calidad del debate ciudadano alrededor de las drogas. Los estados parecen rezagados frente a esos avances. En el continente, sin embargo, se han dado quizás las controversias internacionales más interesantes de los últimos tiempos favorables a ensayar alternativas menos convencionales en torno a las drogas. Resta ver si la voluntad política de los gobernantes del área desalienta o facilita un debate aún más profundo y propositivo. Ese es, finalmente, otro gran dilema que enfrenta hoy Latinoamérica.

En breve, incorporar el tema del desarrollo centrado a las personas a la cuestión de las drogas puede abrir un espacio amplio para reflexionar, deliberar y consensuar nuevas iniciativas, tanto ciudadanas como estatales, en torno a los narcóticos y su prohibición. Concebir medidas que apunten a la reducción de daños para los individuos, las familias, los barrios y las comunidades; a la capacidad social y estatal de afrontar y superar coyunturas críticas en materia de drogas; a la regulación modulada de los narcóticos ilegales de acuerdo a la naturaleza específica de cada droga; y la apertura a nuevas exploraciones conceptuales y prácticas para elevar la calidad de vida de los ciudadanos y los países hoy tan afectados por el avance del crimen organizado, son algunos de los potenciales aportes que se podrían producir si el acento de la cuestión de las drogas se traslada de la sustancia a las personas, de la seguridad al desarrollo y de la quimera abstencionista a la realidad humana. 

(1)    Ver, Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, Desarrollo centrado en las personas. El PNUD en acción: Informe anual 2010-2011, New York: PNUD, 2011, p. 3.