Tema del Mes

JUNIO 2014

El Mundial del antagonismo

17 / 06 / 2014 - Por Idelber Avelar

Detrás de la fiesta mundialista que ofrece majestuosos estadios, decenas de goles, fútbol de primer nivel y la alegría encendida de los hinchas, se esconde una realidad tensa y compleja. Violencia estatal, policial y judicial que hace posible un negocio millonario, y para pocos.

Hasta el año pasado, si alguien decía que el 61% de la población de Brasil caracterizaba como una mala idea la realización de un Mundial de fútbol en el país, seguramente se la tildaba de loca. Al fin y al cabo, se trata de la “patria del fútbol”, principal potencia del deporte y anfitrión de un Mundial por última vez en 1950, antes de que la camiseta amarilla adquiriera su mística o siquiera existiera (el certamen del 1954 fue el primero en que Brasil no jugó con la camiseta blanca que usaba hasta entonces). Sin embargo, 61% fue el porcentaje de oposición al Mundial encontrado por el Pew Research Center en una encuesta realizada en vísperas del evento. Otras encuestas han revelado números semejantes. Es cierto que ahora, ya jugados los primeros partidos con alto nivel técnico y sorprendente promedio de goles, el apoyo al evento ha aumentado, pero es indudable que se trata de un Mundial intensamente cuestionado en varios sectores de la sociedad brasileña. En 2007, cuando se confirmó que Brasil sería la sede, había una virtual unanimidad sobre el Mundial entre los brasileños. 

¿Qué ha pasado en los últimos siete años? Mucho más de lo que cualquier analista social ha podido sistematizar, pero tratemos de resumirlo a partir de una fórmula: Brasil ha vivido la ruptura del pacto lulista, coalición política que tuvo dos de sus momentos de mayor visibilidad internacional en la conquista del hospedaje del Mundial de 2014 y de los Juegos Olímpicos de 2016. El quiebre del pacto lulista tiene su gran imagen en las gigantescas protestas de junio de 2013, durante las cuales se desplomaron las tasas de aprobación del gobierno del PT, aunque las manifestaciones no se hubieran planteado como de oposición pura y simple a la administración de Dilma Rousseff. Uno de sus efectos sobre el sistema político fue una pérdida considerable de legitimidad del PT, no acompañada, sin embargo, por conquistas de ningún otro partido. Es decir, las protestas del 2013 hacen estallar una enorme crisis de representación en el sistema político-electoral brasileño. 

Es importante subrayar la naturaleza pactada del arreglo político que rigió Brasil en la década pasada. Durante los años 2000, el boom de las commodities, que el país exporta en gran cantidad, hizo posible lo que se consagraría como la fórmula lulista por excelencia: hacer crecer el pastel para que los pobres y los miserables accedan a algo a lo que nunca habían accedido, mientras las élites siguen ganando como siempre (y, en algunos casos, como del sistema bancario, más que nunca). Va de suyo que la fórmula lulista de aportar algo a los pobres sin quitarle nada a los ricos es económica y ambientalmente insostenible por mucho tiempo, y ésta es la factura que el actual gobierno brasileño está pagando. Sin condiciones políticas de romper su sólida alianza con los sectores dominantes –especialmente las constructoras, grandes financiadoras de las campañas electorales de todos los principales partidos, el agro-negocio, gran financiador del superávit en la balanza comercial y el bloque teócrata en el Congreso–, y ya sin condiciones económicas de expandir las conquistas sociales para los pobres, el gobierno del PT se vio contra las cuerdas por primera vez desde el escándalo de corrupción de 2005 conocido como mensalão

Los rasgos principales de las manifestaciones de junio de 2013 fueron su carácter multitudinario y disperso, la ausencia de control o incluso de adhesión de los sindicatos y de los partidos políticos más grandes, la brutal represión policial, las consignas múltiples y en algunos casos contradictorias entre sí, y la ocasional depredación de patrimonio material. Con sus orígenes en la lucha del Movimento Passe Livre (MPL) por la democratización del transporte público, las manifestaciones tomaron otro rumbo a partir de la sangrienta represión de la policía de São Paulo en la noche de 13 de junio. En gran medida, pasaron a ser protestas por el derecho de protestar. Marchas que habían reunido 5 mil a 10 mil personas pasaban a incluir centenares de miles. La prensa –notablemente oligopolizada en Brasil– ya no podía caracterizarlas como obra de algunos pocos marginales y vándalos. A su vez, el oficialismo tampoco podía ignorarlas. Lo que se ve a partir de allí es una intensa pugna por la resignificación de las protestas. Los medios, especialmente las Organizaciones Globo, pasan a representarlas como protestas anticorrupción, privilegiando las imágenes de la bandera nacional. El oficialismo trata de encauzarlas a través de la pauta de la reforma política –después de varios días de silencio, Dilma lanza la propuesta de una Asamblea Constituyente, enterrada menos de 48 horas después por falta de articulación política en el Congreso y en su base de aliados. Mientras tanto, uno de los elementos de la vida diaria de los negros y pobres brasileños –la brutal militarización de sus espacios de circulación ciudadana– se expandía también a la clase media que participaba en las protestas. La lucha por la desmilitarización de las policías provinciales –un anacronismo que persiste en la sociedad brasileña y que expresa sus fundamentos más autoritarios– pasa en definitiva a ser una de las consignas centrales de las protestas. 

En la represión a las protestas de 2013 se vio de todo: niños torturados, gente encarcelada por usar máscaras o portar vinagre (que atenúa los efectos del gas lacrimógeno), manifestantes repetidamente golpeados en el suelo, asesinatos de activistas en comisarías, casas invadidas por la policía para que se efectuaran prisiones arbitrarias, personas que no tenían antecedentes del delito de “formación de pandilla”, bombas de gas lacrimógeno lanzadas contra hospitales y una suspensión generalizada de las libertades civiles. Puesto que parte del calendario de protestas coincidió con la Copa de las Confederaciones, creció bastante el temor gubernamental acerca de lo que podría pasar durante el Mundial. 

La preparación del Mundial incluyó la expulsión, en muchos casos violenta, en otros sin cualquier aviso previo, de un número incierto de familias, que los cálculos de los Comité de Afectados sitúan entre 150 mil y 250 mil. Los intereses contemplados fueron fundamentalmente los de la especulación inmobiliaria, con la higienización de áreas valoradas por su cercanía a los estadios y la remoción de familias pobres a quilómetros de sus trabajos y escuelas. El número de ciudades sede, que la FIFA establece en ocho, fue ampliado para doce, para que se ampliaran también las oportunidades de intercambio de favores. Esto incluía ciudades como Manaus, que no poseen un solo equipo de fútbol en las tres grandes divisiones del Campeonato Brasileño. Ciudades como São Paulo y Recife, que ya poseían canchas capaces de albergar partidos internacionales, construyeron nuevos estadios, en gran medida con dinero público, a pesar de que su administración estará en manos privadas. Maracanã, en Río de Janeiro, y Mineirão, en Belo Horionte, mantienen sus nombres, pero para todos los efectos se trata de otros estadios, demolidos y reconstruidos del cero, y ahora gestionados por cooperaciones público-privadas en las cuales el erario público le confiere una serie de garantías al sector empresarial. El Mundial en Brasil ha costado el equivalente a los tres últimos sumados, con beneficios bastante inciertos para la población, ya que no se concretaron la mayoría de las obras de movilidad urbana que podrían haberles beneficiado a los más pobres, y los nuevos estadios se encuentran elitizados a un punto en que los hinchas tradicionales, representativos de la diversidad étnica del país, ya no pueden entrar. En el debut de la selección brasileña contra Croacia, la hinchada parecía finlandesa o sueca. 

Es cierto que con el comienzo del Mundial, la atmósfera ha cambiado bastante. Las manifestaciones han sido mucho más pequeñas –la protesta organizada para la apertura del torneo en São Paulo fue reprimida con brutalidad inaudita aun para los patrones militarizados de la policía brasileña–, y el excelente nivel técnico de los primeros partidos, sumado a la fiesta turística, le han dado otra cara al evento. Los holandeses ocuparon Salvador para celebrar la impresionante goleada de su selección sobre España y los argentinos se adueñaron de Avenida Atlântica, al borde del mar en la zona sur de Río de Janeiro. En los primeros once partidos se anotaron 37 goles, por oposición a los 18 del Mundial de 2010 en Sudáfrica, una diferencia que nadie habría sido capaz de prever. La calidad del fútbol presentado hasta el momento ha entusiasmado aun a los menos vinculados al deporte, pero subsiste una tensión que, si no estalla durante el Mundial, seguramente encontrará otros canales después de que se termine la fiesta. El legado del Mundial incluye la intensificación de la privatización del espacio público y la suspensión de las libertades civiles. Seguimos en estado de excepción, aunque por el momento enterrado bajo la fiesta y solo visible para sus víctimas más directas. 

Desde Belo Horizonte.

OTRAS NOTAS DEL INFORME