Tema del Mes

AGOSTO 2016

Mitos territoriales en la cartografía argentina

01 / 08 / 2016 - Por Carla Lois

Un mito es una creencia que funciona socialmente como verdad. Los mapas, imágenes que contribuyen a la cristalización de mitos territoriales. Según Carla Lois, tres momentos de política militar (Roca, Perón y la última dictadura) propiciaron los cambios más significativos en el imaginario cartográfico argentino, y continúan entorpeciendo con fantasías nacionalistas una gestión real del territorio.

Un mito es un relato que forma parte de un sistema de creencias en una sociedad y lo hace de una manera particular: aunque suele tener origen incierto e incluir tintes fabulosos, es tomado como una historia verdadera para explicar algo. Existen mitos de muchos tipos: sobre la salud, sobre el universo, sobre la sexualidad y también sobre el territorio. Los mitos territoriales son relatos históricos sobre la forma y las dimensiones actuales del territorio de un Estado, así como las ideas acerca de potenciales amenazas o enemigos. Los argentinos también tienen (tenemos) sus propios mitos territoriales.

“La Argentina siempre perdió territorios”

Esta convicción cuestionable parte de una premisa no menos cuestionable: que la Argentina debió haber heredado los territorios del Virreinato del Río de La Plata –e incluso tal vez algo de la parte sur del Alto Perú (il.1). Esto incluye, claro, la Patagonia. Aparentemente esta narrativa se montó sobre los trabajos de historia diplomática de Vicente Gregorio Quesada que, a su vez, recreaban ciertas ideas preliminares que ya habían aparecido en algunos discursos de Juan Manuel de Rosas y de Bartolomé Mitre. De esas ideas allí esbozadas han abrevado, con más o menos rigurosidad, también los cursos de geografía incorporados tempranamente a la currícula escolar, cuando se plegaron a la función nacionalizante del proyecto educativo divulgando las propiedades de un territorio que era, a la vez, una herencia del pasado y el reaseguro de un futuro rico y promisorio. Esta narrativa, consolidada a partir de la década de 1930, ignora deliberadamente el complejo proceso de desarticulación del imperio hispánico en América, donde la implosión de cuatro virreinatos fue el puntapié inicial para la configuración de ocho estados nacionales nuevos en apenas unas décadas (que a su vez tampoco fueron el resultado de una fragmentación directa de los respectivos virreinatos sino que, por lo general, se configuraron a partir de las acuerdos entre unidades de menor escala todavía –en muchos casos, futuras provincias de los estados nuevos- que resultaron de la eclosión del mapa político colonial).

Esto plantea dos problemas. El primero, es ignorar que a pesar de los principios jurídicos del utis possidetis, los procesos que dieron lugar a los estados latinoamericanos fueron largos y complejos, y sobre todo no fueron lineales. Y, en todo caso, si se quiere pensar la historia en términos de herencia, habría que ser un poquito menos egocéntricos y admitir que la Argentina no era el único “heredero”.

Por otro lado, todos los atlas europeos y norteamericanos que se publicaban hacia mediados de siglo XIX muestran a la Patagonia con un color diferente, distinto al usado para representar Argentina y distinto del que se usa para Chile (il.2). Probablemente esto se deba a que, en el escenario de las revoluciones independentistas que sacudían los fragmentos del imperio hispánico en América donde casi cualquier nuevo estado parecía posible, la Patagonia podía ser imaginada como un estado potencial y, por lo tanto, podía ser representada como una unidad geográfica autónoma y diferente tanto de lo que luego será la Argentina como de Chile.

Aunque casi nunca se menciona, así también aparece representada la silueta de las Provincias Unidas del Plata –es decir, desprovista de la Patagonia- en el primer atlas auspiciado y financiado por el Gobierno de la Confederación Argentina y firmado por Jean Antoine Victor Martin de Moussy en 1865 (il.3). Esa silueta de la Confederación Argentina que no iba más allá del Río Negro empezó a expandirse cuando, en ocasión de la Exposición Universal de Filadelfia 1876, la Comisión que preparaba los materiales que llevaría la delegación argentina encargó a Arthur von Seelstrang y A. Tourmente del Departamento de Ingenieros un mapa mural de la República Argentina, cuya silueta incorporaba la Patagonia con una línea continua que configuraba una forma cartográfica muy parecida a los contornos actuales. Esta operatoria cartográfica coincidía con la discusión de diversos proyectos políticos y militares para avanzar sobre los territorios indígenas de la Patagonia (entre otros, la llamada “zanja de Alsina”).

A partir del mapa de Seelstrang y Tourmente (1875), los mapas oficiales incorporaron la Patagonia como parte de la silueta cartográfica, aunque durante algunas décadas siguieron publicándose mapas de la República que no iban más allá del río Negro. 

Así, el mapa oficial de la joven República Argentina duplicó su superficie en menos de veinte años. Entonces, ¿qué territorios perdió la Argentina? Bien: cuando la teoría conspirativa del desmembramiento virreinal fracasa, ahí se recurre a los casos de los arbitrajes del presidente norteamericano Hayes en el Gran Chaco de 1876 y al de la Corona Británica de 1902 en los Andes australes. Es cierto que en ninguno de los dos casos se le adjudicó a la Argentina todo lo que reclamaba. Pero tampoco el “adversario” (Paraguay y Chile, respectivamente) recibió todo lo que pedía. Como era habitual en esa época, los arbitrajes repartían casi salomónicamente el territorio disputado, y la tarea arbitral se concentraba en respetar el “auto-reconocimiento nacional” de los asentamientos preexistentes instalados en el territorio en cuestión y en trazar una nueva línea en el mapa. Y más o menos con esa misma lógica se resolvieron en ambos casos.

Pero no nos alarmemos: los argentinos no estamos solos en esta paranoia de la pérdida: los vecinos chilenos tienen la misma impresión y cuentan una historia de pérdida territorial muy similar –claro, haciendo el conveniente y necesario enroque de los personajes (il.4, 5).

La “Antártida Argentina”

Habitualmente se considera que la instalación de un observatorio meteorológico en las islas Orcadas del Sur en 1904 es la oficialización del reclamo argentino de la Antártida, y de ello se desprende la conclusión de que la Argentina ha conquistado, y por tanto merece, la Antártida para siempre. Lo cierto es que recién en la década de 1940 convergieron una serie de políticas activas para efectivizar ese reclamo, que iban desde la creación de instituciones (tales como la creación del Instituto Antártico Argentino), la instalación de bases científicas y la organización de expediciones polares hasta la incorporación de este temario a la currícula y también la legislación sobre la imagen cartográfica propiamente dicha. En 1947, el Servicio Estadístico Nacional (más tarde, INDEC), en ocasión del levantamiento del Cuarto Censo Nacional, incluyó por primera vez la jurisdicción denominada “Sector Antártico e Islas del Atlántico”. 

Los manuales escolares tuvieron que reescribir ciertos episodios de la historia territorial que, por cierto, adoptaron un tono cada vez más nacionalista. En 1939 el libro Geografía 4º año para la educación secundaria de Dagnino Pastore se decía que Gran Bretaña “posee” más de ocho millones kilómetros cuadrados en los que incluye mares y la Antártida -ahí mismo designada como una dependencia de las Falkland Islands. Pero en 1940 el autor cambió la palabra “posee” por la expresión “se atribuye” y agregó que la Argentina debería tener parte de ese territorio si el criterio para la distribución de la Antártida fuera aplicado. En 1944 radicalizó sus afirmaciones y llegó a sostener que la Argentina tiene “incuestionables derechos”; y en 1946 afirmó que la Argentina ha hecho conocer al mundo sus reclamos sobre el sector antártico sobre el que tiene derecho; finalmente en 1947 escribió como si fuera un hecho que la Argentina “ejerce autoridad” sobre un sector de la Antártida.

Desde entonces, niños y adolescentes argentinos (futuros ciudadanos) aprenden que así es el territorio argentino, formado por una ‘zona continental’, las ‘islas oceánicas’ (Sandwich y Georgias) y la "región antártica".

El 8 de abril de 1970 el gobernador de Tierra del Fuego creó por decreto N° 149 cuatro nuevos departamentos, entre ellos el Departamento Sector Antártico Argentino. Y, cuando se provincializó el Territorio Nacional de Tierra del Fuego en 1991, se lo bautizó Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. En rigor, la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur existe como tal, es el nombre oficial de la provincia más austral de la Argentina y no es un mito. Sin embargo, la adopción de esa designación es, ni más ni menos, que la consagración de otro mito territorial: la idea de que la Argentina tiene soberanía sobre la Antártida.

El Tratado Antártico, firmado el 1 de diciembre de 1959, dispone que las tierras y las barreras de hielo ubicadas al sur del paralelo 60º estarán destinadas a usos diversos con fines pacíficos y científicos, y que no serán sujetas a reclamos de soberanía mientras estén en vigencia dichos acuerdos. Con su adhesión al Tratado Antártico, la Argentina reconoce explícitamente que no posee soberanía sobre esos territorios. Sin embargo, por ley N° 12.696 (sancionada en 1941), conocida como la Ley de la Carta, se prohíbe publicar mapas de la República Argentina que no incluyan el “famoso” triangulito que hemos aprendido a llamar “Antártida Argentina”, aunque tal cosa no existe. Más aún: el artículo 4º del Tratado dice que "ninguna actividad que se realice mientras esté en vigencia el tratado servirá para hacer valer, crear, apoyar o negar un fundamento de reclamación de soberanía territorial". Este tipo de mapa no contribuye en nada a una eventual negociación. Y, sin embargo, se ha doblado la apuesta: el 20 de octubre de 2010 el congreso argentino sancionó la ley Nº 26.65 que determina la obligatoriedad del uso del llamado "mapa bicontinental" –en el que la parte continental del territorio argentino y el sector antártico reclamado por el Estado se representan en la misma escala- en todos los niveles educativos así como también exige que sea exhibido en todas las dependencias públicas nacionales y provinciales. Pero ese es otro tema.

Por otra parte, si bien el litigio con Chile por las islas del Beagle (a las que se denomina genéricamente “islas del Atlántico Sur”) databa de principios del siglo XX, el Estado argentino recién formalizó su reclamo de soberanía sobre estas islas en 1925. Hay, además, algunos casos curiosos, como el de las islas Georgias del Sur: reclamadas por el Estado argentino por primera vez en 1928, se trata de islas que nunca fueron ocupadas por la Argentina ni tampoco jamás reivindicadas por España.

El mapa oficial de la Argentina, en lugar de clarificar la situación de los territorios que el Estado aspira articular bajo su soberanía, comunica algo bastante distorsionado respecto de lo real y reproduce un mito que los ciudadanos se resisten a abandonar.

“Las Malvinas son argentinas porque se encuentran en la plataforma continental argentina”

Este argumento tiene varias debilidades pero, a pesar de eso, es el más frecuentemente mencionado y es considerado el mito más incontestable. Para ello, sin embargo se oblitera algo obvio: la geología no da soberanía, ni aquí ni en la China. Además, el conocimiento de los fondos oceánicos es bastante reciente, y el mapeo de las plataformas continentales, también (il.6). Es un argumento ex post: se exige que la comunidad internacional reconozca que la Argentina tiene derechos sobre las Malvinas desde incluso antes de los tiempos de la colonia pero cuando llega el momento de argumentar se utiliza retrospectivamente como principio para el reclamo de soberanía un objeto descubierto hace sólo unas décadas .

El mar argentino que aparece pintado de otro celeste más oscuro en los mapas (y engloba a las Malvinas) no está delimitado por la plataforma continental sino por lo que decide la Comisión del Límite Exterior de la Plataforma Continental, órgano científico creado por la Convención de la ONU sobre Derecho del Mar. En rigor, el mar continental es un territorio marítimo sobre el que un país ejerce su derecho de soberanía y explotación económica, y es algo que se le otorga a todos los países según sus mares adyacentes. Recientemente fue modificado el límite exterior del mar argentino y se celebraba que eso ayudaría en el reclamo de soberanía. Eso es altamente dudoso: ningún medio quiso informar que, en realidad, la comisión que trata la cuestión de la soberanía es otra diferente de la que trata los mares nacionales. Y, en los hechos, esa modificación de los alcances del Mar Argentino sólo altera –en beneficio de la Argentina- las condiciones de explotación: antes la soberanía marítima argentina se extendía hasta los 200 metros de profundidad y ahora llega hasta los fondos –lo que implica la posibilidad de perforación petrolífera. Pero claro: hablar de que la Argentina participa en la disputa internacional por el petróleo no es tan romántico ni efectista como poner la noticia en el marco de la cuestión de la soberanía sobre las Malvinas y con eso entusiasmar a los ciudadanos ingenuos.

En fin: como si fuera poco y todavía no hubiera quedado claro que la soberanía política no se dirime según estructuras geológicas permítaseme traer a colación un detalle: las islas británicas están en la plataforma continental de Francia. Creo que ni el nacionalista francés más fanático ha reclamado alguna vez la soberanía de Gran Bretaña con este argumento de la plataforma continental.

¿Cómo y cuándo cristalizaron estos mitos?

Los mapas son una de las herramientas más potentes para cristalizar los mitos porque funcionan en varios niveles, tanto en la escuela como en los medios, en la vía pública, en la vida política y en la cultura visual en general. En efecto, los tres mitos aquí mencionados corresponden con tres momentos en que se modificó el mapa oficial de la Argentina. Vale la pena mencionar que el mapa oficial de la Argentina es un producto cuya producción y reproducción desde 1941 está monopólicamente regulada, por ley, por el Instituto Geográfico Militar –desde 2009, Instituto Geográfico Nacional, y que todo mapa de la Argentina que se quiera publicar debe ser aprobado por esa institución.

En el primer caso, la incorporación de la Patagonia en los mapas coincide con la llamada “Campaña al Desierto”, encabezada por el General Julio Argentino Roca en 1879, parece haber gravitado más allá de la cuestión estrictamente de la expedición militar al sur de la provincia de Buenos Aires y norte de la Patagonia para extender la línea de fortines a expensas de los territorios indígenas (considérese que el General en cuestión asumió la presidencia de la República en 1880 y luego otra vez en1898).

El segundo momento es la incorporación de la Antártida. Coincide con el ascenso del general Juan Domingo Perón en la política y con sus dos primeras presidencias, haciendo una apropiación del sector antártico en un momento en que la Antártida se instalaba en la agenda política internacional.

La cuestión de las Malvinas y las islas del Atlántico Sur se impone con fuerza en la agenda de Estado en los 1980s y 1990s. Coincide no sólo con el único conflicto bélico que la Argentina mantuvo contra un país extranjero en todo el siglo XX sino con una sucesión de gobiernos militares de facto.

En todos los casos la adición de piezas al rompecabezas del mapa político de la Argentina se ha articulado con políticas de ocupación (efectiva o simbólica) de territorios, con la incorporación de esa agenda política en la currícula escolar y con el soporte legislativo que garantizaba la eficacia comunicativa de esa nueva silueta asegurando el reconocimiento del nuevo mapa por parte de la “comunidad imaginada”. Pero, sobre todo, en todos esos casos, la adición de piezas al rompecabezas del mapa político de la Argentina se construyó a partir de políticas de corte militar y fueron acompañadas por discursos militarizados sobre el territorio que, convenientemente maquillados, perviven y siguen funcionando en la actualidad No deja de ser curioso que, incluso en ambientes intelectuales que se consideran a sí mismos progresistas, los discursos de la pérdida territorial siguen convocando adeptos que no advierten hasta qué punto sus fundamentos han sido formateados con matrices militares y militarizadas de la historia territorial (visiones que, por cierto, no aceptarían para ningún otro dominio de la vida cultural, social o política). 

En líneas generales, el éxito de las historias territoriales “expansivas” se ha debido a la combinación del predominio de enfoques geopolíticos en la enseñanza de la geografía y la fuerte injerencia del Instituto Geográfico Militar en la cartografía de uso escolar. Carlos Escudé incluso ha remarcado que “el juridicismo etnocéntrico con que se enfocan estas cuestiones y el dogmatismo con que se las enseña [han prevalecido] a lo largo de estos cien años de enseñanza de geografía”, lo que hace que “sobre estas y otras cuestiones, se sienta doctrina, se inculca una dogma, pero jamás se alienta el pensamiento, la reflexión objetiva y la duda sistemática” (Escudé, 2000). 

Parte de ese dogma que menciona Escudé son los mitos territoriales. Pero, concretamente, ¿para qué sirven los mitos territoriales? O mejor dicho: ¿por qué los mitos territoriales son “peligrosos”? Los mitos son performativos. Es decir, tienen una capacidad de persuasión que lleva a los sujetos a actuar de determinadas formas, a operar sobre lo real. No se trata de una leyenda, un relato entretenido con una moraleja. Los mitos interpelan a aquellos que los aceptan como verdaderos y les exigen que los mantengan vivos, reproduciéndolos. La reproducción de los mitos no es una mera repetición discursiva sino que, por el contrario, implica una serie de prácticas concretas. El punto es que esos mitos son el argumento de decisiones, prácticas y acciones, y por tanto inciden en conductas individuales y colectivas.

Por ejemplo, los mitos sobre las medicinas caseras hacen que alguna gente confíe (y confíe su salud) a recetas dudosas de eficacia no comprobada más que por los rumores –que, para que funcionen, son elevados al estatus de prueba y garantía de verdad. Por supuesto que hay múltiples razones para que se opte por actuar según el mito del remedio casero antes que por consultar un médico: desde económicas y sociales hasta emocionales. Aun así, sin que sepamos bien por qué, sabemos que funcionan. Y eso los hace más peligrosos. Decía Monique Sicard en su libro La fabrique du regard: “Las industrias del conocimiento se enmarañan íntimamente con las de creer y su corolario: las de hacer creer. Cuanto más se afirma el desconocimiento sobre los dispositivos de visión, mejor se ejerce la función política de las imágenes. Cuanto más se proclama indicando su neutralidad, mejor transmiten sus puntos de vista e instalan sus ficciones como si fueran hechos”. Los mapas, en tanto son asumidos como representaciones neutras (científicas, técnicas y objetivas), también instalan ficciones como si fueran hechos (o, dicho de otro modo, sirven y se utilizan para cristalizar una serie de mitos territoriales). Y esas ficciones tomadas como si fueran hechos son la base de un nacionalismo territorial algo paranoico, que ve enemigos por todos lados, y que incluso tiene la fuerza suficiente como para llevar a mucha gente (mucha, demasiada) a una plaza pública para aplaudir a un presidente de facto por haber invadido militarmente algo que se considera “nuestro”. Hemos internalizado la idea de que cualquier alteración del territorio nacional sería una agresión a la identidad nacional y por tanto, hay que defender el territorio argentino a ultranza. La ley de la Carta dice que su misión es evitar la “mutilación” del mapa. La metáfora del cuerpo es potente: si perdiéramos las islas del Atlántico Sur sería como la amputación de un brazo o algo así.

El verdadero problema que subyace y que, en gran medida, garantiza la eficacia de esos mitos es que apenas sabemos de qué se trata el territorio argentino. Preferimos la “geopolítica curandera” antes que un diagnóstico clínico sobre la real situación de los territorios y de la geografía política de la Argentina.

Mientras se sigan imponiendo políticas cartográficas que, más que contribuir al análisis crítico de los argumentos que el Estado sostiene para reclamar territorios en disputa, apunten a instalar una imagen cristalizada e inexacta sobre la geografía política de la Argentina, no sólo será imposible desmontar la historia territorial tendenciosa y victimizante que ya conocemos sino que será prácticamente inviable pensar la gestión territorial que los procesos actuales requieren. Si somos víctimas de algún victimario, ese victimario no son los países vecinos ni los árbitros que dirimieron las disputas territoriales. Somos víctimas de la ignorancia y el fanatismo nacionalista.